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La oficina por el Derecho a la Vivienda consigue suspender 41 desahucios durante los tres primeros meses de funcionamiento

Isabel Lozano recuerda que “hay que contener la situación de expulsión del vecindario que están generando algunos fondos de inversión con una moratoria para la adquisición de bloques de edificios enteros”

• La Oficina por el Derecho a la Vivienda se puso en marcha en 2021

26/01/2022

La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de València, Isabel Lozano, ha dado a conocer que la Oficina por el Derecho a la Vivienda ha conseguido suspender hasta 41 desahucios en la ciudad de València solo en sus primeros tres meses de funcionamiento. Además, ha gestionado ocho 8 reubicaciones, 19 mediaciones entre propietarios y habitantes, 174 asistencias a abogados de oficio, 30 inscripciones al registro de la Entidad valenciana de vivienda y suelo de personas que no pueden hacerlo de manera autónoma, 151 comunicaciones con los juzgados y 108 envíos de informes de vulnerabilidad a juzgados en el marco de procedimientos judiciales.

 

Los distritos más afectados por estas problemáticas de vivienda atendidas a la oficina son los de Poblats Marítims, Quatre Carreres, Els Orriols, Jesús, Patraix, Olivereta y La Saïdia. De las 372 asesorías presenciales realizadas durante este tiempo, 211 han sido usuarias mujeres y 107 usuarios hombres. Los problemas más habituales que han llegado son entidades bancarias o fondos de inversión que no quieren renovar el alquiler o proponen un incremento del mismo que las persones locatarias no pueden asumir.

En ese sentido la regidora Isabel Lozano ha dicho que “se confirman algunas de las amenazas que ya habíamos detectado cómo que casi el 30% de las personas que acuden a la oficina tienen situaciones de dificultad para pagar el alquiler en el caso de los contratos con particulares; y que el 22% tienen que ver con los alquileres no renovados o las subidas inalcanzables del alquiler para las familias en el caso de los contratos con las entidades bancarias o fondos buitre.”

Así, Lozano ha criticado que las entidades financieras y los fondes buitre tienen una gran responsabilidad en estas situaciones y ha denunciado sus “prácticas agresivas hacia la ciudadanía”. Lozano ha asegurado que “desde el gobierno municipal asistimos con preocupación a esta realidad y por eso desde la concejalía de Vivienda hemos planteado hacer junto con la delegación de Urbanismo una moratoria para que no se puedan dar las situaciones de expulsión del vecindario que estamos viendo cuando se compra un edificio residencial para dedicarlo a otros usos”.

Desde la Oficina por el Derecho a la Vivienda se pone como ejemplo “Promontoria Coliseum”, una Real State que gestiona propiedades del Banco Sabadell, con la cual no ha resultado posible ningún tipo de mediación con el Ayuntamiento de València. Finalmente, hay que destacar que la Oficina ha empezado también un servicio de investigación de alquileres asequibles para las personas usuarias del servicio que ha empezado a funcionar ya.

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Isabel Lozano