Regulación recursos cooperación - València

• La concejala de Servicios Sociales, Marta Torrado, ha explicado que el anterior gobierno municipal “gestionaba 3 millones de euros sin ningún tipo de control”

• “Vamos a poner en marcha un plan conjunto para la atención sin realizar distinciones y la ayuda llegará a quienes más lo necesiten”, ha afirmado Torrado

• La Junta de Gobierno Local ha aprobado un régimen transitorio para dar cobertura jurídica a estas prestaciones, regularlas y ajustarlas a las actuales competencias municipales

La Junta de Gobierno Local ha acordado un régimen transitorio para proporcionar cobertura jurídica, a los recursos de primera acogida en situaciones de emergencia, para regularlas y ajustarlas a las actuales competencias municipales.

En este sentido, la concejala de Servicios Sociales, Marta Torrado, ha explicado que en los 8 años de gobierno de Ribó y del partido socialista “se produjo un despropósito en materia de cooperación y migración, ya que las políticas que se han llevado a cabo han sido un absoluto caos y ahora estamos teniendo grandes dificultades a nivel técnico para poner orden y reconducir la situación y darle un soporte jurídico a todas estas actuaciones”.

Asimismo, la concejala ha indicado que se estaban ofreciendo recursos “que sobrepasaban ampliamente las competencias municipales” según indica la Ley de Servicios Sociales aprobada en 2019, y que determina que los consistorios “se encargan de la primera acogida”.

Así, la titular de Servicios Sociales ha enumerado situaciones que se han atendido como las de asilo y refugio, “cuando corresponden al gobierno de España”; otras que competen a la Generalitat y, además, “sin criterio de admisión, por tiempo indefinido que han requerido un régimen transitorio para reconducir todas las actuaciones, recursos y programas, ya que necesitan ajustarse a las leyes”, ha afirmado.

Por ello, Marta Torrado ha informado que se han tenido que aprobar en la JGL “numerosos reconocimientos de todos los recursos de alojamiento que se habían hecho y que suponen un gasto de 3 millones de euros sin cobertura jurídica”.

Una acogida sin criterios ni prioridades

Torrado ha calificado de “sin criterio” la acogida que se estaba realizando y ha recordado que, asimismo, “no contemplaba ni plazos, ni perfiles ni prioridades, por lo que, una persona podía ocupar una plaza de albergue por tiempo indefinido hasta conseguir un trabajo, un permiso de residencia o asilo, hechos que superan la acogida por carácter humanitario de un Ayuntamiento”. Además, esta forma de proceder implicaba “la imposibilidad de acoger a otros migrantes en situación de vulnerabilidad por colapso de ocupación”.

La concejala ha señalado que lo que ahora vamos a hacer “es poner en marcha un plan conjunto para la atención sin realizar distinciones y la ayuda llegará a quienes más lo necesiten. No queremos que nadie se quede en la calle sin ofrecerle los recursos necesarios para que salga de su situación”.

“Y esto se hace –ha continuado Marta Torrado- estableciendo un itinerario, trabajando de una forma cercana, ofreciendo las ayudas que dispone el Ayuntamiento y otras entidades sociales con las que tenemos convenios para acompañarles y abandonen esa situación de precariedad y desamparo”.

El acuerdo, respaldado por la Junta de Gobierno, también contempla unificar criterios y dar continuidad a la prestación de servicios de extinto Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración, que ha quedado incardinado a todos los efectos como Sección de Inmigración, Convivencia y Cooperación al Servicio de Bienestar Social e Integración, así como de tramitar el pago de todas aquellas facturas que se encuentran pendientes y de adecuar los créditos presupuestarios a las nuevas circunstancias y objetivos.